En primer lugar, al dejar en manos exclusivas de la Generalitat la creación y modificación de las llamadas Áreas Funcionales, que son aquellas en las que un colectivo de taxis presta servicio desde cualquiera de sus puntos y con las mismas tarifas. Ayuntamientos y taxistas no tendrán derecho de veto, con lo que los taxis de Elche podrán ser adscritos con los de otras poblaciones, por decisión unilateral de Valencia. Esto en la práctica supondrá que taxis de otras poblaciones puedan prestar servicio regularmente en el aeropuerto internacional del Altet, en el que actualmente los taxistas ilicitanos obtienen el 80% de su trabajo.
Pero esta no es la única amenaza, opina el concejal. En segundo lugar la citada Ley también contemplará la opción que la Generalitat autorice que taxis de determinadas áreas funcionales entren en otras a prestar servicio, con lo que aun no modificando el actual status hay otra vía para que la Generalitat meta taxis de otras poblaciones en el aeropuerto.
Ávila ha recordado que el grupo parlamentario socialista ha presentado una enmienda para que sea vinculante el informe de los ayuntamientos afectados, algo que el partido popular ha rechazado en comisión esta misma mañana, aceptando sólo un simple informe no vinculante. Para el edil, “todo esto supone una amenaza real y muy grave para los taxistas ilicitanos, ya que la entrada de taxis de otras poblaciones en el aeropuerto y compartir con ellos los servicios, queda en manos ajenas y sería fatal para sus intereses”.
Carlos Ávila ha señalado que, al parecer, hay grandes presiones de otras poblaciones para introducir sus taxis en el aeropuerto, como por ejemplo de Alicante, donde al parecer sobran 250 taxis. Según el concejal de servicios, actualmente Elche cuenta con 185 taxis, de los cuales por turnos un tercio atiende a la ciudad y pedanías, y dos tercios trabajan en el aeropuerto, que tiene un servicio sobradamente suficiente.
El ayuntamiento de Elche quiere ponerse del lado de los taxistas ilicitanos en este problema, y estamos en contacto permanente con el grupo parlamentario socialista para seguir al minuto esta tramitación y para intentar que esta Ley no se apruebe en unos términos tan lesivos para nuestros intereses. Desde el ayuntamiento de Elche, ha insistido el edil, “exigimos que la Ley de Movilidad incorpore la propuesta de los informes preceptivos y vinculantes de los ayuntamientos, y que se paralice su tramitación como medida cautelar”.
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